El nuevo Estado se organizó con el modelo
de la antigua Colombia, con un régimen republicano.
El gobierno se ejercía por tres poderes.
El Poder Legislativo elaboraba las leyes y
realizaba algunas elecciones. Lo elegía el grupo
reducidísimo de notables propietarios.
El Poder Ejecutivo era ejercido por el Presiden-
te de la República y sus ministros, quien administraba
las rentas del Estado y cobraba algunos
impuestos, mantenía el ejército, ejercía el “patronato”
sobre la Iglesia, dirigía las escasas relaciones
internacionales.
El Poder Judicial estaba dirigido por una
Corte Suprema, nombrada por el Congreso, y
tenía jueces en las provincias.
El Estado central era débil y pobre. Sus
ingresos –provenientes en buena parte de la
“contribución” o tributo indígena, impuestos a
las importaciones, estancos y diezmos– se gastaban
en el mantenimiento del ejército, el clero
y la alta burocracia.
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